Cien mil millones arrojados al lago
Miguel Ángel Rivera martes 16, Jul 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Después de su renuncia-denuncia, el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha sido sometido a toda clase de críticas de miembros de la «línea dura» de la llamada Cuarta Transformación, pero contra todos esos vituperios, las cifras parecen empeñadas en darle la razón.
Para empezar, vale recordar cifras y estimaciones negativas acerca del ritmo de desarrollo del país para el presente año y el cercano futuro que están muy lejos del prometido crecimiento económico superior al cuatro por ciento, cuando estamos a menos del uno por ciento anual y en riesgo de caer en recesión.
También hemos caído de manera notable en el crecimiento de los empleos. Esta realidad la tuvo que admitir el nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien intentó disimular un poco la caída con una comparación con lo ocurrido durante los últimos 12 meses, pero lo que sobresale es que, en junio, hubo una caída de más de 14 puestos de trabajo.
A lo anterior se debe agregar el más reciente reporte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), encargado de la liquidación de los contratos y el pago de las obras ya realizadas en lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el rumbo de Texcoco, el cual fue borrado de un plumazo.
Lo que desafortunadamente no se puede esfumar es la enorme deuda que todavía se tiene pagar por una obra inconclusa, cuyo destino, según los sabios del actual gobierno federal, es quedar cubierta por las aguas para que vuelva a su estado natural.
De acuerdo con el referido informe del GACM, en Texcoco faltan por cancelar 58 contratos, que representan un monto por 163 mil millones de pesos, de un total de 178 mil millones de pesos contratados, es decir, está pendiente 91 por ciento del monto. Originalmente se tenían 692 contratos, de los cuales se han cerrado 620, quedan 58 pendientes y los restantes 14 están en proceso de revisión.
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, precisó que se pagaron 60 mil millones de pesos en obras relizadas y faltarán por pagar otros 40 mil millones, por gastos no recuperables, por lo que el gobierno pagará 100 mil millones de pesos por las obras de un aeropuerto que no se concluirá. «Lamentablemente, lo mal gastado ahí son 100 mil millones de pesos», destacó el titular de la SCT, quien fue uno de los principales impulsores del proyecto de cancelar el magno proyecto del aeropuerto, que será reemplazado por otro que se construirá en Santa Lucía, Estado de México.
La Cosecha
El gobierno de México está obligado a contener la oleada de migrantes que cruzan por nuestro territorio para tratar de llegar a los Estados Unidos, pero no acepta que se le considere un «tercer país seguro», como lo pretende la administración de Donald Trump.
Ayer, de nueva cuenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que con la modificación a las medidas regulatorias ordenadas por el presidente Trump en materia de asilo, México se convierta en un tercer país seguro y puntualizó que nuestra nación no está de acuerdo con estas normas.
El canciller señaló que hasta el momento no hay un incremento de mexicanos detenidos, deportados o repatriados, aunque esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días.
El titular de la SRE también sostuvo que los migrantes de origen mexicano no resultarán afectados con la modificación de las medidas sobre asilo dadas a conocer ayer lunes en la Unión Americana.
Ebrard informó que hoy, martes, se reunirá con legisladores federales para analizar la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos y que en el transcurso del fin de semana podría tener comunicación directa con funcionarios de la Casa Blanca.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), volvió a denunciar que las presiones de Trump, han obligado a que, en la práctica, México se convierta en un «tercer país seguro».
En un foro en el que participó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, el legislador denunció la función de las fuerzas de seguridad mexicanas ha cambiado y recordó que la Constitución prohibe expresamente pedir salvoconducto o algún otro documento a quienes cruzan por la República.
Muñoz Ledo recordó haber jurado cumplir y hacer cumplir la Consrtitución y aseguró que planea cumplir con ello, aunque contravenga las disposiciones de alguna otra autoridad nacional.
Cabe recordar que el presidente de la Cámara de Diputados arruinó la celebración el pasado 9 de junio en Tijuana, encabezada por el presidente López Obrador, por el acuerdo con Estados Unidos para que no se aplicaran aranceles. Muñoz Ledo advirtió que en realidad México cedió ante las presiones estadunidenses para contener a los migrantes.
Los reproches del presidente López Obrador a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Luis Raúl González Pérez, fueron escuchados por la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que dio a conocer un comunicado en el cual expresa preocupación por las «lamentables descalificaciones» de parte del gobierno mexicano.
El organismo internacional destacó que la CNDH cumple «estrictamente con su mandato constitucional de proteger y promover los derechos fundamentales» de los habitantes de nuestro país. En particular, sostuvo que resulta «palpable y evidente el beneficio» que brinda la CNDH «para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad; así como para la vida democrática en México».
En consecuencia, la FIO solicitó a las autoridades mexicanas actuar «de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por ese Estado a largo plazo, a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos».
Los integrantes de la FIO indicaron que los organismos como la CNDH son una respuesta a la necesidad que tiene la ciudadanía de que sus gobernantes ejerzan una labor que sea observada por una entidad independiente y a la cual deban rendir cuentas; a fin de garantizar que el funcionamiento del sector público se encuentre ajustado a la Constitución, a las leyes, a los convenios internacionales suscritos por el Estado y a los principios generales del derecho.
Además, la FIO recuerda que, durante la revisión del Tercer Examen Periódico Universal, el pasado 14 de marzo de 2019, ante el Consejo de Derechos Humanos, el Estado Mexicano aceptó la recomendación: «Fortalecer las capacidades y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos», lo cual fue reiterado el 30 de abril de 2019, por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una carta dirigida a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en relación a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), y en la que de manera particular alienta al Gobierno de México, a «Mejorar las capacidades y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 Comisiones estatales de los Derechos Humanos».
Lo anterior, señaló asimismo la FIO, implica para el gobierno mexicano el brindar a la CNDH en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos, recursos presupuestarios suficientes e independientes, adecuados a la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno, independiente y efectivo de sus responsabilidades y funciones; además de brindar inmunidad funcional respecto a las actividades y palabras, orales o escritas, realizadas en su función al servicio de la institución; y abstenerse de adoptar cualquier acción que tenga por objeto, o por resultado, la supresión de la institución o que impida su funcionamiento efectivo, y la proteja eficazmente de tales amenazas.
La FIO, congrega y representa a 103 defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de 22 países iberoamericanos. El documento lo firma Iris Miriam Ruiz Class, presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
