Amnistía, pero no para todos
Miguel Ángel Rivera martes 17, Sep 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“¿Qué horas son?”. “Las que usted diga, señor presidente”.
Con este breve diálogo se resumía el grado extremo de sumisión y de exagerada lisonja al poderoso durante los ahora repudiados gobiernos del pasado a los que se les atribuyen todos los males nacionales.
Se supone que esa fórmula fue desterrada de la vida política nacional, pero no es así, apenas cambió de forma.
Ahora, cada acción (obviamente siempre atinada) del presidente de la República resulta histórica y un avance en la consolidación de la llamada “Cuarta Transformación” y reproduce o mejora lo hecho por los próceres de las tres grandes reforma precedentes: Independencia, Reforma y Revolución.
Si lo anterior se descalifica por considerarlo una exageración, basta con una sola muestra, las alabanzas lanzadas sin rubor por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, al anunciar que el presidente López Obrador envió a los legisladores la iniciativa de amnistía que prometió durante su campaña electoral.
En su euforia al dar la buena nueva, el dirigente de los diputados de Morena y aspirante a la presidencia nacional de ese partido llegó al extremo de comparar esta iniciativa con la acción del iniciador de la lucha de Independencia, Miguel Hidalgo, al poner en libertad a los presos de la cárcel de Dolores, el poblado de Guanajuato donde inició el movimiento libertador.
Todavía no contento con ese reconocimiento al líder y guía de la “Cuarta Transformación”, Delgado Carrillo lanzó otra elogiosa declaración al afirmar que el primer Grito de Independencia encabezado por López Obrador tiene un significado histórico, pues “por primera vez en muchos años”, no habrá “acarreados”.
En cuanto a la amnistía, pidió no confundirla con el término indulto.
En esto tiene razón, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, pues diccionarios jurídicos consultados establecen que se trata de dos cuestiones diferentes, aunque ambas desemboquen casi en lo mismo: liberación de reos.
Indulto procede del latín indultus, que refiere a la gracia que permite eximir a alguien de un castigo o modificar una sanción. En particular, el término se utiliza para nombrar al perdón que puede otorgar un presidente o mandatario para anular, reducir o cambiar un castigo. Amnistía, que viene del griego amnesia (olvido), supone que la falta se perdona.
Más allá de cuestiones semánticas, diputados y senadores deberán tener cuidado de definir con toda precisión el catálogo de presuntos delincuentes que serán liberados como resultado de la amnistía, para que no se repita el caso de algunas reformas penales que, a la vista de los resultados, se describen como una “puerta giratoria” que permite recuperar su libertad a delincuentes reincidentes.
Al respecto, Delgado Carrillo explicó que la liberación procederá cuando no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional, como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y delitos en materia de desaparición forzada de personas, entre otros.
En cambio, mencionó que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia desatado bajo el pasado régimen e gobierno, o porque fueron sentenciados por robo simple sin violencia.
También, continuó, beneficia a mujeres criminalizadas por abortar y a los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de conciencia, acusados por delitos inverosímiles.
La Cosecha
Los festejos por el 209 aniversario del inicio de la lucha de Independencia en México llegaron este año hasta Francia y, por coincidencia, se combinaron con el aniversario 25 de que México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para celebrar la doble ocasión, la delegación permanente de nuestro país contó con la presentación de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca.
Entre los 170 invitados distinguidos, estuvieron el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo; su homólogo ante la UNESCO, Federico Salas; el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, así como los embajadores de países miembros del organismo, entre los que se encontraban Madeleine Chenette, representante de Canadá, Jean-Pierre Joyet representante de Francia, Alessandro Busaca representante de Japón, Martin Hanz, representante de Alemania, entre otros, quienes tuvieron como anfitrión al representante permanente de México, Sybel Galván.
Tras la ceremonia del Grito de Independencia y el Himno Nacional, los niños y jóvenes de la Orquesta Esperanza Azteca interpretaron durante 90 minutos obras como El Sinaloense, de Severiano Briseño; el Concierto en do mayor para violonchelo y orquesta, primer movimiento, de Antonio Vivaldi; la Suite Navarra para dos violines y orquesta, de Pablo Sarasate; Jesusita en Chihuahua, de Quirino Mendoza; Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez; y la Obertura mexicana, de Merle J. Isaac.
Desde 2009, Esperanza Azteca nació como un proyecto social-musical gracias a la iniciativa del empresario Ricardo B. Salinas Pliego y operado por Fundación Azteca. Más de 17 mil niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, de entre 5 y 17 años de edad, han sido beneficiados integralmente. Mediante el aprendizaje de la música han desarrollado altos valores como la disciplina, la búsqueda de la excelencia y el trabajo en equipo.
Otra querella pública está en proceso, esta vez en el municipio de Bahía de Banderas.
El caso pondrá nervioso a más de uno en el ámbito empresarial, en el judicial y en el político. Y es que la empresa Grupo Minero Imex, S.A.P.I. de C.V. pretende hacer cumplir una extraña y sospechosa determinación del tercer tribunal colegiado en materia civil del estado de Jalisco, que impone separar de sus cargos al presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, al secretario Anastasio Zaragoza, al tesorero Carlos Virgen y a la síndica Irma Ramírez por no hacer efectivo el pago de 140 millones de pesos, más recargos, por la supuesta construcción, en 2014 de un edificio municipal.
El asunto resulta por demás sospechoso ya que existen varias empresas involucradas, una, a la que en la gestión priísta del presidente municipal Rafael Cervantes (2011-14) le asignó la obra sin cumplir con los requisitos legales para ello, denominada Operadora Audaz S.A. de C.V. que ni siquiera contaba con RFC; dos, se asignó la edificación a Administración de Recursos Empresariales ALS SC, a la cual se le rescindió el contrato por incumplimiento y, tres, Imex que sin contrato de adjudicación llevó a cabo la obra y recibió el recurso de un fideicomiso para iniciarla en la administración de José Gómez (2014-17) y quien por cierto era cuñado y secretario de Desarrollo Social de Cervantes. En cuanto a dicha obra en diversos dictámenes se advierte que no cumple con la norma y es peligrosa para ser habitable.
El presidente municipal actual, Jaime Cuevas, no se ha cruzado de brazos desde su arribo a la alcaldía en 2017 e incluso ganó una instancia de amparo; sin embargo, en forma sorpresiva se le ha informado de esta determinación que está generando crisis política en el municipio donde la gente está en contra de que se siga quebrantando el erario a causa de la corrupción que en el pasado ha azotado a Bahía de Banderas y todo el estado de Nayarit. También habrá que ver qué opinan las huestes panistas de este atropello y la Confederación de Alcaldes de México pues este tipo de arbitrariedades pueden intentar repetirse en diversos municipios y estados donde el poder económico se colude con el judicial.
