Ley de Amnistía de AMLO
¬ Augusto Corro miércoles 18, Sep 2019Punto por punto
Augusto Corro
Para nadie es un secreto que en las cárceles mexicanas se encuentran miles de personas inocentes cumpliendo una condena.
Durante años, la justicia, ciega, torpe o interesada, se encargó de castigar a cuanto presunto delincuente cayó en sus garras.
Los pobres que cometían algún delito no grave, difícilmente se escapaban de ir a prisión.
A la fecha, robar un pan, delinquir por hambre, es tan grave, para los jueces, como participar en una masacre.
En varios centros comerciales esa práctica de no perdonar al ladrón, no importa lo sustraído ilegalmente, se aplica al pie de la letra.
Con ello, se busca poner de ejemplo el celo implacable de la justicia para evitar que otros roben. En fin, disuadirlos de tomar lo que no es suyo.
El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un proyecto de Ley de Amnistía, que busca liberar a quienes no han cometido delitos graves y viven en condiciones de desigualdad o exclusión.
Se trata de beneficiar, entre otras razones, a tres grupos de la sociedad: mujeres, jóvenes e indígenas por considerar que viven en condiciones de desigualdad, por ejemplo:
Las mujeres condenadas por poseer o vender drogas, con frecuencia lo hacen a solicitud o por presión de sus parejas.
Los jóvenes que viven en pobreza procesados por posesión de drogas, que tienen pocas oportunidades de educación y empleo.
Las personas indígenas que enfrentan procesos sin un traductor o abogado que entienda su cultura y lengua.
Lo importante será conocer si la Ley de Amnistía fue analizada a fondo para que al aplicarse brinde resultados positivos.
Porque México vive una espiral de violencia, que en nada ayudaría la liberación de delincuentes sin importar el tamaño del delito que cometieron.
¿Cómo actuará en libertad un interno que recibió, en el reclusorio, un curso intensivo para delinquir? Difícil negar que las prisiones mexicanas son “universidades del crimen”.
La idea del presidente López Obrador parece positiva, vista a la distancia, pero tiene que ser analizada minuciosamente para evitar sorpresas que distorsionen sus propósitos de aplicación de justicia a los pobres, débiles y humillados.
La industria de la construcción
Uno de los problemas que aqueja a la economía del país es el relacionado con la industria de la construcción.
Resulta que ese ese sector es uno de los más afectados por una simple y sencilla razón: son ya miles de desempleados en dicha industria. Las obras se encuentran paradas. Como consecuencia, miles de familias resienten la falta de trabajo.
Cada que hay cambio de gobierno los trámites para continuar o echar a andar proyectos de construcción de casas, edificios, etc., se hacen lentos, engorrosos. Los trámites se vuelven lentos.
También fueron alcanzadas por la crisis las casas de materiales para construcción. Las ventas cayeron desde hace varios meses.
El problema en la industria es grave y se necesita que las autoridades se pongan las pilas. Urgen soluciones.
¿Cómo es posible que ni los alcaldes, ni la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, muestren un mínimo de interés para resolver ese conflicto?
¿Y las autoridades, cuándo decidirán atacar el problema que tiene en el desempleo a miles de personas?
¿Y los coches?
La corrupción se practicaba en todas partes y en todos los niveles. De ahí que no llame la atención que en el Instituto Nacional Electoral (INE) no se encuentren 320 vehículos para el uso de quienes laboran en ese órgano electoral.
La información surgió del reporte del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto. Seguramente aparecerán esas unidades. Son muchas para ignorar su paradero.
EL INE, principalmente los altos jefes, tienen una tendencia a los negocios. Ven al instituto como una empresa generadora de riqueza.
En varias ocasiones se frenó su apetito de constructores. Pensaban construir edificios para ampliar sus oficinas. Para esto, planteaban proyectos millonarios que no les fueron concedidos.
Sin embargo, cada año, con elecciones o sin ellas, los directivos del INE se empeñan en mantener presupuestos mayúsculos, que hacen de la democracia mexicana una de las más caras del mundo.
Por ahora, no se vería mal que quienes tengan a su servicio los automóviles del INE los regresen inmediatamente, no importa que contradigan las políticas de su jefe, quien ve al instituto como una empresa personal.
