Legisladores trabajarán “al cuarto para las 12”
Miguel Ángel Rivera lunes 22, Jun 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Aunque en este caso hay cierta justificación, por la contingencia sanitaria por el Covid-19, diputados federales y senadores están vías de honrar la mala fama de que gozamos los mexicanos: dejar todo para el último minuto.
Esto porque entre los muchos pendientes que tiene el Congreso de la Unión, el más urgente consiste en actualizar varias leyes que deben modificarse para cumplir los nuevos compromisos derivados de la actualización del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, anteriormente conocido como TLCAN (NAFTA en inglés) y ahora rebautizado como T-MEC.
La importancia de los cambios fue destacada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien indicó que caso de no procederse a las seis reformas al marco jurídico vinculado al TMEC, pues de lo contrario los socios pueden denunciar a nuestro país por incumplimiento. El T-MEC entra en vigor el primer día del inminente julio.
Hace unos días se planeó convocar a un periodo extraordinario del Congreso en el curso de la semana que hoy se inicia, para lo cual se anticipó para hoy mismo, lunes, la sesión semanal de la Comisión Permanente que normalmente se efectúa los miércoles, a fin de que recibiera las iniciativas de reformas que se distribuirán de entrada entre diputados y senadores, las cuales una vez aprobadas serían ratificadas por la otra cámara.
Aunque se presupone que los cambios tienen la previa aprobación de todos los partidos políticos, el plan original de iniciar el extraordinario el venidero miércoles 24, daba suficiente espacio para que los legisladores federales pudieran superar posibles inconformidades de última hora.
Sin embargo, esos planes se vinieron abajo supuestamente porque las autoridades sanitarias mantienen en rojo el imaginario semáforo que establece si aumentan o se restringen las actividades públicas, en este caso, en la Ciudad de México, aunque en el fondo está latente un desacuerdo porque el llamado Bloque Opositor exige que al autorizarse sesiones presenciales se programe también la discusión de temas que consideran fundamentales para nuestra nación, como asignar un ingreso mínimo para toda la sociedad durante la contingencia, así como definir programas de rescate financiero para evitar que cierren más empresas y se pierdan otros muchos miles de empleos.
Hasta ahora, la amplia mayoría de “Morena y Asociados” se ha resistido a abordar esos temas, pues no desea que se incomode al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene su propio plan para superar la crisis financiera, que no incluye auxiliar a empresarios “fifís”, que deben atenerse a sus propios recursos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal -quien se ha distinguido por el afán de buscar salidas negociadas en vez de enfrentamientos con la oposición– se encargó de anunciar el cambio de fecha para el extraordinario que ahora quedará todavía más, al “cuarto para las doce”.
El ex gobernador de Zacatecas informó que, debido a que la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo, los coordinadores parlamentarios decidieron que la sesión de la Comisión Permanente en la que se convocaría a periodo extraordinario se realice un día todavía menos acostumbrado (domingo) el próximo 28 de este mes en lugar de mañana lunes. El periodo extraordinario del Senado se realizará los días 29 y 30.
Monreal también expuso que aspira a lograr consenso para que los dictámenes se aprueben sin contratiempos. “Intentamos lograr acuerdos fundamentales y tener amplia mayoría o unanimidad para aprobarlas, ya que se refiere a un tratado internacional que es indispensable tenerlo armonizado antes del primero de julio. Hay un muy buen ánimo”, destacó el legislador.
Controversia constitucional contra la militarización del país
A punto de terminar el plazo para formalizar ante la Suprema Corte de Justicia la inconformidad de la decisión del presidente López Obrador de asignar a las fuerzas armadas tareas que corresponden a la Guardia Civil, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, informó haber una controversia constitucional contra esa decisión del titular del Ejecutivo federal.
La legisladora recordó que en 2019 se reformó la Constitución Mexicana para crear la Guardia Nacional, institución a la que se encomendó la responsabilidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
También precisó que en esa “reforma se faculta al Presidente de la República para disponer, excepcional y temporalmente, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública en el país, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, hasta en tanto se consoliden las capacidades de la Guardia Nacional”, a pesar de lo cual el pasado 11 de mayo el Ejecutivo federal emitió el acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional, hasta el 27 de marzo de 2024.
“Luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil, y de tomar en cuenta los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, considero que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la constitucionalidad del acuerdo, manifestó la legisladora panista.
Señaló que su demanda expone las razones por las cuales estimó que el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación.
En particular, dijo, preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación a las autoridades civiles de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de seguridad pública, al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, lo cual significa que el acuerdo presidencial deja la supervisión y control de las tareas de las Fuerzas Armadas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente.
Rojas explicó que con su controversia no pretende cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer del Ejército y Marina -a las cuales manifestó su reconocimiento- en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución y, con ello, asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad.
Por supuesto este demanda generó inconformidad entre los partidarios de la llamada Cuarta Transformación, en particular dentro de las filas del partido del gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En particular, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, incondicional ante todo lo que dice y hace el presidente López Obrador, respondió de inmediato que esa controversia constitucional interpuesta por la presidenta de la Mesa Directiva, no representa la opinión de la mayoría parlamentaria, pues, según dijo, sus afirmaciones son “falsas”, denotan “intencionalidad política” y tienen “tinte partidista”.
“La Cámara de Diputados votará contra la decisión tomada por la actual presidenta de la misma en relación con la controversia constitucional mencionada”, manifestó Delgado al destacar que la actitud de Rojas contraviene la institucionalidad con que debe conducirse la presidenta de la Cámara de Diputados
El también aspirante a la presidencia nacional de Morena sostuvo que “las aseveraciones de la diputada Laura Rojas son, además, falsas, ya que ha sido este gobierno el primero en dar pasos firmes en el sentido de regularizar la presencia de las fuerzas armadas en funciones de apoyo a la seguridad pública, así como disponer su carácter excepcional y transitorio”.
