Lozoyagate
Freddy Sánchez martes 21, Jul 2020Precios y desprecios
Freddy Sánchez
¡Acúsalos y luego averiguamos¡…
Esa aparente consigna, en distintos procesos penales del pasado, se convirtió en la estrategia sexenal para consignar a sospechosos de actos de corrupción, con base en las declaraciones de testigos colaboradores.
La figura que envuelve el misterio sobre los acuerdos del gobierno con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en relación a sus revelaciones sobre los distintos actos de corrupción en los que supuestamente se inmiscuyeron personajes públicos del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así que, habrá que ver si los cargos a formular contra presuntos actores de la inmoralidad cometida en el régimen recién concluido, no sólo se apoyan en los dichos del testigo colaborador, sino en pruebas irrefutables que estén presente durante el proceso penal en curso.
Y es que en distintos casos llevados ante la justicia, en anteriores administraciones, recurrir a testigos y usar sus declaraciones como únicas pruebas de las conductas de corrupción denunciadas, sirvió para procesar penalmente a relevantes personalidades de la política e incluso de las fuerzas armadas, pero con el paso del tiempo surgieron sentencias absolutorias para los acusados.
De ahí, que sea menester que los acuerdos con el señor Lozoya se sustenten y justifiquen con mucho más que solamente sus declaraciones inculpatorias contra tal o cual ex funcionario de alto relieve en el pasado gobierno.
Las grandes expectativas sociales que se han creado en torno a que la “barredora” contra la corrupción llegará a donde tenga que llegar, caiga quien caiga, lógicamente amerita la integración de averiguaciones previas y consignaciones penales, que no dejen lugar a dudas en cuanto a la responsabilidad cierta de quienes hayan obrado inmoralmente en el ejercicio de sus funciones.
Que la acción de la justicia pues, alcance a los legisladores, funcionarios de alta investidura e incluso grandes hombres de negocios, en directa repercusión a las denuncias que haga el señor Lozoya, y en particular, con el sustento de las pruebas que aporte contra los acusados.
Porque sería causa de una nueva decepción social y desprestigio institucional la repetición de lo que sucedió en varias ocasiones, con la aplicación de la justicia bajo el supuesto afán de meter a la cárcel a encumbrados personajes de la corrupción, que a fin de cuentas recuperaron en cuestión de algunos años su libertad y a veces incluso las fortunas supuestamente mal habidas que se les decomisaron.
De ahí que, en esta ocasión las autoridades judiciales deban realizar un trabajo indagatorio que sirva para dar consistencia a las acusaciones del señor Lozoya, tomando en cuenta las pruebas que les facilite el testigo colaborador, pero con el respaldo de investigaciones que fortalezcan las hipótesis de culpabilidad de los procesados, sean quienes estos fueren.
Y justamente por lo anteriormente señalado, es preciso suprimir la tentación oficial de recurrir a la otrora práctica de: “acúsalos y luego averiguamos”. Que sería casi lo mismo que se le atribuía Porfirio Díaz ordenando a sus esbirros policiacos lo de: “mátalos y luego averiguamos”.
Cosa que, obviamente, es inadmisible en la actualidad en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Los altos funcionarios que hayan incurrido o incurran en actos de deshonestidad en la dirección de los asuntos que tuvieron o tienen encomendados, deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
Pero, eso sí, con elementos probatorios que acrediten indubitablemente sus culpas, porque de otro modo se estaría incurriendo en una deleznable y abusiva “cacería de brujas”.
Y con esa clase de acciones mal intencionadas de la justicia, sólo se conducen los gobiernos arbitrarios que buscan quitar del paso a quienes no se muestren obsecuentes a los mangoneos de su poder, en lo por ningún motivo debe convertirse el Lozoyagate.
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