Juzgar a los jueces
Freddy Sánchez jueves 18, Mar 2021Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Un poder judicial autónomo, imparcial e incorruptible es lo que necesitamos: “por el bien de todos”.
La cuestión es cómo lograr que éste ideal se convierta en una realidad y no sólo sea un cándido mito.
Porque en los actuales tiempos, al igual que en el pasado, la impartición de la justicia adolece de vicios, en primer lugar, a causa de intereses ajenos a la tarea de resolver los asuntos de índole controversial, habida cuenta de que alguna de las partes en conflicto pudiera corromper el proceso al recurrir a diversas formas comunes de hacerlo.
La principal y más común, lógicamente tiene que ver con ofrecimientos económicos entre distintos actores judiciales, cercanos a los responsables de impartir la justicia, puesto que en ciertos casos, es de imaginarse que “el dinero fácil” les resulta una tentación difícil de resistir.
Cuántos se dejan tentar, es difícil saberlo, pero podría tenerse una idea al respecto, si entre los empleados de menor rango en tribunales de justicia se procediera a indagar qué clase de automóviles, residencias o departamentos suelen comprar y de esa manera corroborar que sus ingresos correspondan con sus gastos personales y familiares.
Y es que cuando los trabajadores de la justicia pueden ganarse algo extra, es de suponer que habrá los que ceden a los influjos externos y de alguna forma influyen a su vez en las determinaciones de sus superiores jerárquicos a favor o en contra de algún demandante de justicia.
Ante esta triste realidad, algunos presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han visto en la necesidad de fustigarla, al reconocer la necesidad de vigilar la conducta de los impartidores de justicia que pudieran no estar actuando con absoluta imparcialidad y rectitud.
De hecho, las sanciones contra juzgadores presuntamente corruptos, se han dado en distintos momentos en varias administraciones sexenales.
Una corrupción pues, que requiere acciones de prevención y persecución permanentes y cada vez más eficaces.
Y lo mismo habría que decir en torno a lo que podría ocurrir en los niveles más altos del Poder Judicial, como es el caso de los magistrados y ministros.
Porque, si los jueces no están a salvo de intentos de corromperlos o intimidarlos, obviamente, tampoco todo aquel probable sujeto de presiones ante alguna instancia de poder político o económico, cuyos actores se propusieran contar con representantes de la ley, en cualquier de sus rangos y funciones, sometidos al imperio de su voluntad.
Suponer entonces, que las manipulaciones de la justicia sólo se pueden dar en niveles de menor rango, es algo que cuesta trabajo creer, en especial a sabiendas de que quienes llegan a ocupar los cargos más altos, son a propuesta de uno u otro grupo político, además de quien preside el gobierno en turno.
Un motivo que no justificaría que los magistrados y ministros actuaran como empleados de intereses políticos diversos, cuando no son los dueños de gran poder económico quienes se afanan en contar con una justicia a modo, pero sospechar que tal cosa sucede, es simple y llanamente inevitable, puesto que así sucedía en otros tiempos.
Y para evitarlo, es menester que los impartidores de justicia en todos los niveles, se sientan debidamente protegidos cuando sus resoluciones se apeguen a derecho, y en aquellos casos en los que se perciba la más mínima presunción de un acto de colusión con grupos políticos, económicos o criminales, es preciso que el juzgador sea suspendido hasta que se aclare su actuación.
De modo que, en aras de mejorar la calidad de la justicia, es menester tener un poder realmente autónomo que propicie fallos imparciales y no sometidos a intereses oscuros, lo que hace necesario adoptar mecanismos apropiados de transparencia conducentes a hacer lo justo y correcto en la impartición de la justicia y en caso de tener que juzgar a los jueces.
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