Gertz Manero pierde credibilidad como abogado y como fiscal
Miguel Ángel Rivera martes 29, Mar 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Se puede decir que Alejandro Gertz Manero resintió ayer una doble pérdida: Primero, como abogado litigante, pues nadie pondrá en manos de su despacho un juicio penal si no fue capaz de no ganar un asunto personal y segundo, como titular de la Fiscalía General de la República, al descubrirse que hace trampa y hasta inventa delitos con tal de perseguir a sus enemigos.
Lo anterior sin mencionar que se cimentaron amplias dudas acerca de su probidad para manejar su patrimonio y por el intento de evadir el pago de impuestos al fisco mexicano.
Desde hace tiempo trascendió que tiene bienes inmuebles en México y en el extranjero que no se sabe bien cómo y con qué recursos fueron pagados. Todavía el fin de semana, la revista Proceso —de la cual es accionista su ahora rival (¿enemigo?) el ex asesor jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra— dio a conocer una lujosa propiedad del fiscal en la Lomas de Chapultepec.
Para que el caso resulte más complicado, es de notar que Gertz Manero utilizó como parapeto para la adquisición de ese inmueble a la Universidad de las Américas, plantel de la Ciudad de México, recurso que ya había utilizado en otras adquisiciones, como un departamento en la lujosa avenida Foch de París, que supuestamente iba a ser utilizado para los programas de intercambio de estudiantes de la UDLA (CDMX) con instituciones educativas extranjeras.
Todo lo anterior, sin hacer referencia a los rumores en el sentido de que su fallecido hermano Federico, era su prestanombres para el movimiento de capitales a paraísos fiscales.
Circulan versiones en el sentido de que, por ello, al tiempo que demandó por homicidio a la pareja de su hermano y a la hija de ella, una de sus primeras acciones consistió en pedir que se congelaran las cuentas bancarias del fallecido Federico.
Rumores aparte, el hecho es que el fiscal enderezó demandas de homicidio involuntario contra su cuñada Laura Morán Servín y la hija de ésta, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quien estuvo presa durante más de año y medio acusada de un delito que le endosó el jurista (investigador nacional del más alto grado, a pesar de denuncias en su contra por plagio), mismo que fue declarado inexistente por los ministros de la Suprema Corte.
Esto se confirmó ayer, cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) concedió un amparo liso y llano a favor de Laura Morán Servín y de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusadas por Gertz Manero, de la muerte de su hermano Federico, ocurrida en 2015.
Los ministros de la Corte decidieron juzgar con perspectiva de género, para establecer que, aunque mantenía una relación de concubinato con Federico, no era implícito que fuera responsable de los cuidados de su pareja.
En el caso de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, la Corte la amparó al considerar que no existen elementos para implicarla en la muerte de Federico Gertz Manero, por lo que ordenó su liberación inmediata del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa desde octubre de 2020.
Todavía más, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá planteó que Cuevas Morán debe recibir una reparación del daño y debe ser considerada como víctima, al sufrir una imputación injustificada por parte del Estado, que la llevó enfrentar una orden de aprehensión, por la que se mantuvo como prófuga.
Cabe mencionar que aunque es de concluir que Gertz Manero utilizó su condición de Fiscal de la República para impulsar la demanda, el proceso estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de México, por lo que la eventual indemnización correrá a cargo de la Tesorería de la capital del país.
En cumplimiento de la orden de la Suprema Corte, Cuevas Morán salió ayer por la tarde del penal de Santa Martha y anunció que solicitará una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle su caso y solicitar protección para ella y su familia.
AMLO insiste: Reforma eléctrica, sin cambiarle una coma
En su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a expresar su opinión de que la reforma eléctrica se apruebe lo antes posible y sin cambiarle una coma.
Conforme a la disciplina que se han auto-impuesto, los diputados federales de la llamada Cuarta Transformación (Morena, PT y PVEM) empezaron de inmediato los trabajos para preparar el dictamen de esa iniciativa en lo que, desde ahora, los partidos de oposición y otras partes interesadas califican de “albazo legislativo”.
Pero eso no les importa a los legisladores de Morena y rémoras. Lo único que les interesa es cumplir con la voluntad de su líder y guía. Lo que los motiva es lo expresado por el primer mandatario: “sería bueno que no se convoque a un extraordinario, que sea ahora, ya. Hace falta que se resuelva, esa es una recomendación respetuosa para los legisladores”.
Como el deseo presidencial es que la reforma se apruebe antes de que concluya el actual periodo legislativo, que deberá cerrarse el último día de abril. Pero no se trata sólo de acelerar por acelerar. Es de recordar que el venidero y ya muy cercano 10 de abril se efectuará la votación para Revocación (que no ratificación) de Mandato, un ejercicio de sumo interés para el presidente López Obrador y nada sería mejor que ofrecer en los días previos una reforma constitucional que supuestamente “devolverá” al pueblo de México el control sobre una industria fundamental y estratégica, luego de rescatarla de empresas nacionales y, sobre todo, extranjeras que se benefician de contratos leoninos que les firmaron los “entreguistas” gobiernos conservadores y neoliberales.
En realidad, los diputados oficialistas no tienen mayor trabajo. Como no se va a cambiar ni una coma de la iniciativa presidencial, lo único que tienen que hacer es “pasarla en limpio”, incluida la exposición de motivos, y agregarle algunas fórmulas jurídicas para apegarse a los procedimientos legislativos.
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, celebró que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía hubiesen iniciado el proceso de dictaminación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Gutiérrez Luna comentó que el eje principal para conformar un dictamen que lleve la reforma a buen puerto debe ser el diálogo, la voluntad política y la disposición para escuchar las opiniones y argumentos orientados a fortalecer la iniciativa enviada por el Presidente.
Encarrerado en el esfuerzo de “quedar bien” con “ya sabes quién”, el legislador de Morena aseguró que sus compañeros van a revisar diversas propuestas, con el fin de enriquecer el documento.
Suena bonito, pero en realidad no tienen nada qué revisar, pues la orden es aprobar el documento tal como lo recibieron.
Los que insisten en pedir cambios y ajustes son los legisladores del bloque opositor integrado por PAN, PRI y PRD, a los que se suman en este caso los integrantes de la bancada de MC. Estos diputados recordaron que, desde el inicio, establecieron que la reforma constitucional sólo resultaría aprobada si se hacen cambios a la propuesta presidencial y no antes de las elecciones de junio.
Como se ha repetido hasta el cansancio, el meollo del asunto es que Morena y rémoras no tienen el número suficiente de legisladores para imponer una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los legisladores presentes.
Esta situación es válida en las dos cámaras del Congreso de la Unión, pero a diferencia de la Cámara de Diputados en donde el mencionado presidente de la directiva, Gutiérrez Luna, y el coordinador de la bancada guinda, el ex priista Ignacio Mier Velazco, están dispuestos a aprobar el documento como se les indique, mientras que en el Senado, el coordinador “moreno” Ricardo Monreal se ha manifestado por aceptar algunos cambios, sobre todo en aras de evitar futuros daños a la economía nacional por las indemnizaciones que deberán pagarse a las empresas afectadas.
Como ya mencionamos, un factor que podría modificar el panorama es el dictamen de la Suprema Corte de rechazo a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición, así como por las comisiones Federal de Competencia y Reguladora de Energía, contra la Ley de la Industria Eléctrica, que tiene básicamente los mismos puntos de la reforma constitucional que está en estudio.
