Ningún funcionario puede ser molestado ni con el pétalo de una flor
Miguel Ángel Rivera jueves 31, Mar 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En eso sí son diferentes.
Cuando eran oposición, los legisladores de Morena y rémoras, a la menor aparente o real falla de un funcionario, exigían que rindieran cuenta ante una de las Cámaras del Congreso, ya sea de diputados o de senadores, y cuando los tenían enfrente, se ensañaban para tratar de evidenciar que esos “servidores públicos” eran o ineficientes o de plano unos delincuentes.
Ahora, al tener el control de las cámaras, los legisladores oficialistas se encargan de cuidar celosamente a los altos funcionarios de la llamada Cuarta Transformación y evitan que tengan que enfrentar preguntas que les incomoden, sin importar que cometieron algún error, pues ya se sabe que para tener un cargo público se necesita apenas un 10 por ciento de capacidad, siempre que sean 90 por ciento honrados (bueno, al menos, eso dicen).
A pesar de que la Constitución establece que los funcionarios de alto rango deben acudir ante las cámaras legislativas cuando se revise algún asunto de su competencia, los legisladores “morenos” y rémoras ponen a buen resguardo a sus correligionarios.
En días recientes, luego del escándalo que abrumó al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por la grabación donde admite haber incurrido en irregularidades legales al tratar de vengarse de su ex cuñada Laura Morán y la hija de ella, Alejandra Cuevas, el supuesto fiscal autónomo, fue protegido por el oficialismo, de manera que en vez de comparecer ante el pleno del Senado, acudió a una reunión casi social con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con la condición de que no le formularan preguntas que pudieran incomodarlo.
Luego de la repudiada cancelación del programa social que beneficiaba a más de 3.5 millones de niños, el de Escuelas de Tiempo Completo, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, fue llamada a presentarse ante la Cámara de Diputados, pero al igual que el “fiscal amigo”, consiguió que su comparecencia fuera únicamente con miembros de la respectiva Junta de Coordinación Política y que no se recordara para nada su antecedente de “pasar la charola” a los trabajadores del municipio de Texcoco, Estado de México, que ella presidía, para sostener las actividades de su partido, Morena.
A pesar de todas esas canonjías, la funcionaria federal dejó plantados a los legisladores, supuestamente para recopilar más información del programa que ella canceló -por supuesto con autorización superior- supuestamente luego de analizar todos aspectos vinculados.
Luego de estos antecedentes, los senadores de Morena y sus rémoras de plano rechazaron en la sesión de ayer la demanda de los partidos de oposición de convocar a tres funcionarios de la llamada Cuarta Transformación directamente involucrados con la construcción de una de las obras estelares del presidente López Obrador, el Tren Maya.
Aparte de su costo, que se mantiene en secreto, esa magna obra ha recibido muchas críticas por los daños al medio ambiente y, sobre todo, porque no hubo un proyecto rector, ni se hicieron los trámites a los que está obligada cualquier construcción, todo lo cual se ha traducido en cambios repentinos que obviamente elevan los gastos y aumentan las afectaciones a las selvas y al sistema de ríos subterráneos y cenotes de la península de Yucatán.
Por la mínima diferencia de tres votos, los senadores oficialistas impidieron que se llamara de inmediato al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, así como a la secretaría Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera.
Cabe recordar que el propio presidente López Obrador declaró en una de sus conferencias mañaneras que uno de los factores que tomó en consideración para remover a Rogelio Jiménez Pons como titular de Fonatur y encargado de la construcción del Tren Maya, fue la falta de compromiso con ese proyecto que presentaba un retraso de obra.
Sin embargo, le dio un premio de consolación, pues lo designó subsecretario de Transportes de la ahora Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De cualquier forma, ese movimiento en su gabinete evidenció que había fallas en el proyecto y que no se cumplían las expectativas del primer mandatario, quien no obstante ha descalificado las protestas por el daño ambiental, pues dice que provienen de “pseudoecologistas”.
Debido a estos antecedentes y a las referidas protestas de ecologistas por los daños al medio ambiente, los senadores de oposición promovieron las comparecencias de los funcionarios mencionados, en particular para explicar el cambio de trazo del Tren Maya en el llamado Tramo 5, que según denuncias, ya provocó la tala o remoción y trasplante innecesarios de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum.
Entre pancartas que acusan el ecocidio que se realiza en Quintana Roo por las obras del Tren Maya que ya impacta cenotes y selvas en la Riviera Maya, el PAN exigió la comparecencia urgente de los titulares de Fonatur, Semarnat y Profepa.
Como lo ha hecho con otras iniciativas de la oposición, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados impidieron que esos funcionarios rindieran cuentas.
En particular, la senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez, recordó que López Obrador, desde que era candidato y luego ya como Presidente de la República, prometió que esta obra emblemática de su gobierno, no causaría ninguna afectación al medio ambiente de la región y que no se talaría ningún árbol. Inclusive, los panistas presentaron un video donde se escucha al primer mandatario prometer que no se cortaría ningún árbol.
“El nuevo trazo inició a principios de este año, a ojos cerrados, sin proyecto de obra alguno, sin proyecto de estudio previo de factibilidad e inclusive de impacto ambiental, sin ningún permiso de medio ambiente u autorización para que se pueda llevar a cabo esta obra en Quintana Roo”, acusó.
Además, la senadora recordó que especialistas, ambientalistas, biólogos, científicos y organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación por las “múltiples irregularidades” con las que se construye esta obra que, si no se corrigen podrían causar un daño irreversible al medio ambiente.
Encuesta de GEA-ISA reitera que AMLO ya
no tiene mayoría a favor de su gobierno
Descalificada por el presidente López Obrador y por sus allegados, la empresa GEA-ISA fue la primera en publicar una encuesta en donde se indica que “por primera vez (julio de 2020) el 58% de los mexicanos desaprueban la gestión de AMLO”.
Con el antecedente de haber sido una de las empresas especializadas en estudios de opinión que avaló la victoria del panista Felipe Calderón sobre el entonces perredista López Obrador y con el agregado de la encuesta donde ya el primer mandatario ya no tiene mayoría de opiniones favorables, GEA-ISA y sus principales figuras, Guillermo Valdés y Jesús Reyes Heroles, pasaron a las filas de los rivales del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.
A pesar de las frecuentes diatribas en su contra, la mencionada empresa insiste en su posición.
El sondeo denominado “México: Política, Sociedad y Cambio” señala que el 51% desaprueba la gestión del mandatario mexicano, es decir, 11% más que en noviembre del 2021 cuando registró un 40% desaprobaba su gestión.
El estudio indica que la credibilidad del presidente López Obrador sigue cayendo y sólo 25% le cree “mucho”. El 56% de los mexicanos piensa que el país va por el rumbo equivocado, el punto más elevado en lo que va del sexenio.
La encuesta indica que la razón principal para apoyar la gestión de López Obrador es “porque tiene buenas intenciones”.
La encuesta de GEA-ISA establece también que, por primera vez en el sexenio, la mayoría de los ciudadanos desaprueba las acciones que ha tomado el gobierno federal para combatir al crimen organizado, 53% cree que debe cambiar la estrategia de seguridad y 56% considera que las organizaciones criminales han crecido y se han vuelto más violentas durante la administración de López Obrador.
