Sin pruebas, el gobierno declara que ya terminó la emergencia en Acapulco
Miguel Ángel Rivera viernes 10, Nov 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A cada paso, se confirma que el gobierno federal no tiene una información precisa acerca del alcance de los daños ocasionados por el huracán “Otis” en Acapulco y esto hace suponer que la reconstrucción llevará mucho más tiempo y más dinero de lo que se tiene presupuestado, que, por otra parte, no se conoce con exactitud.
Esto porque a dos semanas del impacto de “Otis” en las costas de Guerrero, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación dio por finalizada la declaratoria de emergencia, pues según reportes llegados del puerto, sus pobladores regresan poco a poco.
Esto porque el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el “Aviso de término de la Declaratoria de Emergencia (Acuerdo por el que se establece el fin de la situación de emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 en 2 municipios del estado de Guerrero”.
Así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por concluida este jueves la declaratoria de emergencia en Guerrero, apenas una semana después de haberla decretado, por los daños del histórico huracán “Otis”, que ha dejado al menos 48 muertos.
Al respecto, vale insistir que no se tiene un informe completo y confiable de la situación después del embate del huracán, pues todavía está presente el repentino cambio, publicado asimismo en el Diario Oficial de la Federación en el sentido de reducir el estado de emergencia de 47 municipios a sólo dos, Acapulco y Coyuca de Benítez.
Sin mayores explicaciones, el inquilino de Palacio Nacional responsabilizó del error en la evaluación a la titular de Protección Civil Federal, la licenciada en Historia del Arte, y luego dio por concluido el asunto y la funcionaria siguió tan campante en sus labores, pues la dependencia a su cargo se limitó a informar que “a la fecha ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la Declaratoria”.
La primera declaratoria de emergencia apareció en el DOF el pasado día 2 y apenas un día después el Ejecutivo redujo la declaratoria a sólo dos municipios, algo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, justificó por “un error” de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
“Claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán, básicamente estos dos municipios”, argumentó el mandatario el lunes pasado.
Otro indicador de que no se conocen los daños en toda su dimensión consiste en que el gobierno federal anunció tener un presupuesto de 61 mil 313 millones de pesos para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero, pero la empresa calificadora Fitch Ratings calculó en 16 mil millones, pero de dólares, las pérdidas catastróficas, mientras que las cámaras empresariales prevén dos años de tareas de reparación y hasta 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco.
Esto se tradujo en que en la larguísima sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto Federal presentado por el Ejecutivo Federal, los legisladores de oposición protestaron en forma casi permanente porque no había ni un peso programado para la reconstrucción del puerto y otras zonas de Guerrero.
Como mencioné en anterior entrega, debido a estas imprecisiones de la actual administración pública federal surgieron versiones en el sentido de que el presidente López Obrador había tendido una trampa a la Suprema Corte de Justicia al justificar la extinción de sus fideicomisos con el pretexto de que el dinero sería destinado a la reconstrucción de Acapulco. De resistirse los miembros del Poder Judicial Federal, como ha ocurrido, se justifican las denuncias de que no les preocupa el pueblo y sólo defienden sus “privilegios”.
Esta presunción se ratifica porque uno de los mínimos cambios al Presupuesto lo propuso a nombre de la bancada del partido oficial, Morena, por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana para adicionar el artículo décimo cuarto transitorio que establece que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero.
El legislador oficialista aseguró que esta modificación representa la oportunidad de hacer un acto de Estado, donde concurran los tres poderes: la propuesta del presidente de la República, la adhesión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la voluntad política de los grupos parlamentarios.
“Dejemos a un lado el ancla de guerra, levantemos la visión, ayudemos a que renazca Acapulco, la reconstrucción va a ayudar a que se fortalezca la economía de Guerrero y a que tengamos un México más próspero”, expuso el diputado pero su idílico panorama no existe, pues una sentencia de una juez federal tiene paralizado el proceso de extinción de los fideicomisos que defienden los trabajadores del Poder Judicial porque son los instrumentos financieros que aseguran el cumplimiento de derechos adquiridos a lo largo de muchos años de trabajo.
La Junta de Gobierno de la UNAM se decidió por la continuidad
“El día de hoy la Junta de Gobierno dio a conocer el nombramiento del doctor Leonardo Lomelí Vanegas como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027, dice el párrafo inicial del comunicado que publicó el portal de la UNAM, este jueves, al dar cuenta de esa importante decisión.
“La Junta de Gobierno llegó a un acuerdo después de una vasta auscultación a la comunidad universitaria que inició el 21 de agosto y que se extendió hasta el 3 de noviembre pasado. Durante este periodo, la Junta conoció de manera amplia e incluyente los puntos de vista de todos los sectores universitarios y de personas y organizaciones interesadas en este proceso. Con este ejercicio, se identificaron los principales retos y desafíos que actualmente enfrenta la UNAM y las necesidades de cambio que deberá atender la persona nombrada para ocupar la Rectoría”, sostiene también el boletín.
“Este cuerpo colegiado analizó la trayectoria de cada candidata y candidato, sus proyectos de trabajo, la opinión fundamentada de la comunidad y su desempeño en la entrevista. Ponderó detenidamente la calidad, pertinencia y viabilidad del proyecto, la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y el compromiso social de la Universidad. De igual manera reconoció el equilibrio entre las propuestas de cambio institucional con la estabilidad para que sigamos siendo una de las mejores universidades del mundo”, agrega.
Luego de conocer la decisión de la Junta de Gobierno, el elegido Leonardo Lomelí Vargas, señaló que la Universidad siempre cuenta con la disposición por mantener un diálogo con el Gobierno federal e hizo alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, al indicar que ambos coinciden en el interés por la Universidad y el país.
“Creo que hay un espacio para dialogar para cooperar por el bien de nuestro país”, precisó.
Lomelí, para el que el nombramiento de rector significa un ascenso, pues era secretario general, el segundo cargo dentro de la jerarquía de la máxima casa de estudios, enfrentó de inicio uno de los asuntos más conflictivos, las denuncias de plagio contra la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa.
Los reporteros le preguntaron si continuará el proceso para determinar si hubo o no irregularidades en la elaboración del documento con el que la denunciada obtuvo el título de Licenciada en Derecho, Lomelí dijo que todavía se deben tramitar recursos por resolverse ante el Poder Judicial de la Federación. Añadió que, una vez resueltos, procederán “conforme al cauce que se determinó previamente”.
Leonardo Lomelí Vanegas es licenciado en la Facultad de Economía de la UNAM, maestro y doctor en Historia por la misma Universidad. Es profesor titular de tiempo completo de dicha Facultad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de investigador nacional nivel II.
Fue director de su Facultad en el período 2010-2014 y en febrero de 2014 fue designado para un segundo período de cuatro años, pero el 18 de noviembre de 2015 fue designado secretario general por el saliente rector Enrique Graue.
La toma de posesión se efectuará el venidero miércoles 15.
