Abogados del gobierno incapaces de impedir otro triunfo de Lozoya
Miguel Ángel Rivera viernes 24, Nov 2023Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En vez de pelear y denigrar al Poder Judicial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería exigir a su “carnal” el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a todos los ministerios públicos federales prepararse mejor para lograr castigos efectivos contra los presuntos responsables de delitos que afectan a toda la nación.
Esta exigencia tiene gran vigencia en estos momentos porque uno de ex funcionarios exhibidos como ejemplo de la corrupción de gobiernos anteriores, el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin y sus abogados ganan a los abogados del gobierno federal a cada paso de su ya muy largo proceso.
Como se recordará, Lozoya está acusado de recibir sobornos de la transnacional Odebrecht, ahora denominada Novonor, así como participar en una compra-venta irregular de una planta chatarra de fertilizantes (Nitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México Ahmsa), que generaron utilidades que supuestamente fueron repartidas entre políticos para votar a favor de iniciativas del anterior gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, quien no ha sido tocado ni con una alusión desde el paredón en que ha convertido el político de Macuspana su cotidiana conferencia mañanera.
Con gran publicidad, el ex titular de Pemex fue consignado ante un juez federal y luego se consiguió que el gobierno de España, donde se había refugiado, accediera a extraditarlo y ponerlo en manos de la justicia mexicana.
La consignación y los consiguientes procesos judiciales estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo primer y único titular —antes era la Procuraduría General de la República— ha sido el abogado Gertz Manero, quien tuvo su mayor grado de lucimiento precisamente con la extradición y la negociación de un acuerdo para que Lozoya se convirtiera en testigo protegido (en México se le denomina con el término criterio de oportunidad) de la Fiscalía para denunciar a los otros políticos supuestamente beneficiados con el dinero derivado de los actos de corrupción.
A pesar de la autonomía de la FGR, todos sus supuestos avances fueron publicitados desde Palacio Nacional, en las referidas mañaneras presidenciales.
Pero pronto decayó el ánimo en el Ejecutivo, pues las denuncias no avanzaron. Apenas uno de los denunciados por Lozoya, el ex senador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, fue llevado ante un juez y encarcelado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó con base precisamente en las denuncias del exdirector de Pemex.
Lavalle estuvo preso poco más de año y medio, periodo al cabo del cual se diluyeron las denuncias en su contra, al grado que un juez federal le concedió continuar su juicio en libertad, sin que los abogados de la Fiscalía pudieran impedirlo, ni mucho menos conseguir una condena.
También se diluyeron las acusaciones contra el expropietario de Altos Hornos y de Nitrogenados, el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien negoció pagar una indemnización por la venta de la planta chatarra de fertilizantes de poco más de 200 millones de dólares, bastante menos de los 500 millones que supuestamente tuvo de utilidad por la venta de agronitrogenados.
En lo relativo a Lozoya Austin, el gobierno mexicano, por intermedio de la FGR fijó una indemnización, también de 200 millones, pero de pesos no de dólares. Esto lo revelaron los abogados de Lozoya.
El pasado 10 de marzo del presente año, la defensa de Lozoya, aseguró que su familia logró haber reunido el dinero que el Gobierno de México pide como reparación del daño por el caso Odebrecht, explicó el abogado Miguel Ontiveros.
“El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo simplemente a grandes rasgos, (es) superior a los 200 millones de pesos. La familia Lozoya con mucho esfuerzo ha generado las condiciones para garantizar el pago de más de 200 millones de pesos, cumpliendo así con el último requisito que hace falta de cara al criterio de oportunidad”, dijo antes del inicio de una audiencia en el Reclusorio Norte.
Pero esa cifra no resultaba suficiente para el gobierno. En julio de este mismo año, la administración de López Obrador incrementó a 30 millones de dólares (mdd) el monto de pago que debe efectuar Lozoya Austin como acuerdo reparatorio por la compra a sobreprecios de la planta de fertilizantes Agronitrogenados cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
A su vez, la defensa protestó contra del incremento del pago para resarcir los daños y sostuvo que no existe motivo para que el acuerdo reparatorio sea 200% mayor, pues pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones.
En resumen, a la fecha se ignora si Lozoya ya pagó y cuánto, pues las diligencias continúan y, todo indica que la defensa le gana terreno a los abogados oficiales.
Por ejemplo, el pasado día primero de septiembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal Norte, Gerardo Alarcón López libró a Lozoya del pago de 3.4 millones de dólares por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados.
Si eso no fuera suficiente, ayer se informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró improcedente la demanda de la FGR para que la residencia del ex director de Pemex, en Lomas de Bezares, pasara a propiedad del gobierno, pues presuntamente fue adquirida con dinero producto los sobornos que recibió por la compra de Agronitrogenados.
La juez Ana Lilia Osorno Arroyo determinó que Lozoya Austin compró la propiedad en 2012 por 38 millones 175 mil pesos, año en el que la extinción de dominio no aplicaba para casos como este, por lo cual no se puede aplicar de manera retroactiva.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio se publicó el 9 de agosto de 2019 y estableció que, en los delitos de lavado de dinero, sí procedía la extinción de dominio. También es de tomar en cuenta que la FGR inició la carpeta de investigación contra Lozoya Austin por la compraventa de la planta de Agronitrogenados el 7 de marzo de 2019, es decir, siete años después de que el acusado adquirió esa propiedad.
Los abogados advierten que la FGR puede apelar contra la sentencia a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, pero dados los antecedentes es poco probable que tengan resultados favorables.
Por eso vale insistir que, antes de condenar a los jueces, el presidente López Obrador debería hacer lo posible, dentro de sus facultades, para lograr que la FGR capacite mejor a sus agentes del Ministerio Público. O, tal vez, extraoficialmente, en plan de amigos, el inquilino de Palacio Nacional podría dar algunos consejos a Gertz Manero.
La inflación invalida el optimismo del presidente López Obrador
A inicios del presente mes el presidente López Obrador volvió a presumir resultados positivos de su política económica, con la revaluación del peso frente al dólar, crecimiento de la economía y reducción de la inflación.
Se puede decir, al estilo del primer mandatario, que cantó victoria demasiado pronto.
En efecto, contra el optimismo del político tabasqueño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló ayer mismo que la inflación en México rompió su racha de desaceleración de nueve meses a la baja. En la primera quincena de noviembre, la inflación rompió la racha a la baja que venía registrando en el año, al alcanzar un repunte a 4.32%.
El instituto informó que la cifra fue mayor al 4.27% registrado en la primera quincena de octubre.
Además, con el dato de noviembre de este año, el indicador ya registra 83 periodos consecutivos por encima del objetivo de inflación del Banco de México (Banxico) que es de 3.0% y 65 quincenas sucesivas por arriba del intervalo de variabilidad, de 2.0 a 4.0 por ciento.
El Instituto detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.63% respecto a la quincena anterior. En este periodo el índice de precios subyacente aumentó 0.20% a tasa quincenal y 5.31% a tasa anual. Dentro de éste, los precios de las mercancías subieron 0.13% y los de los servicios un 0.28%.
El índice de precios no subyacente también creció en este periodo y fue de 1.96% a tasa quincenal y de 1.41% a tasa anual. Dentro de éste los precios de los productos agropecuarios aumentaron 1.03% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 2.77%.
