“Cierran la puerta” a agresores; no podrán ejercer cargos públicos
Luis Muñoz lunes 27, Nov 2023Segunda vuelta
Luis Muñoz
“La violencia de género no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también limita nuestra participación y representación en la toma de decisiones”, expresó la diputada Elizabeth Mateos Hernández, desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.
Esta fue una de las intervenciones durante la sesión del Congreso que se llevó a cabo el pasado jueves, durante la cual se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de 3 de 3 contra la violencia de género.
Esta reforma, señaló el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, “es una conquista ciudadana y del Congreso local que atiende al mandato de la reforma Constitucional federal del 29 de mayo del presente año, que armoniza los ordenamientos locales con aquellos que esclarecieron que “ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos”.
La reforma consiste en adicionar el numeral 11 al apartado C del artículo 10 de la Constitución local, respecto a los requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, y especifica que: “ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal; contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual; por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, se adiciona un párrafo a la fracción primera del numeral 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución local, para establecer los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
Al razonar su voto, la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la ciudad y construir un entorno en el que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
Por su parte, la congresista Martha Soledad Avila Ventura (Morena) comentó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género; es una conquista del movimiento feminista para erradicar todas las formas de violencia.
Al participar la diputada Elizabeth Mateos Hernández (de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas), expresó su total apoyo a esta reforma y pidió acciones contra la violencia política de género, que afecta en forma desproporcionada a las mujeres.
Reiteró que “la violencia de género no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también limita nuestra participación y representación en la toma de decisiones”.
A su vez, la la legisladora Mónica Fernández César (PRI) destacó que la Ciudad de México vuelve a ser vanguardia en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Con la iniciativa 3 de 3 se homologa la Constitución local con la Carta Magna federal para establecer que todos los servidores públicos, no solamente los titulares de las dependencias, deben cumplir esta norma, refirió el diputado Jorge Gaviño Ambriz, de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal.
El diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (de Morena), manifestó que es deber constitucional de las y los legisladores hacer transversal la perspectiva de género en todas las áreas de la función pública y todos los niveles de gobierno, “para poner fin a las décadas de pactos de silencio patriarcales que nos dividen como sociedad.”
Xóchitl Bravo Espinosa, diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, reconoció los aportes de las agrupaciones feministas y afirmó que se responde a una deuda histórica con miles de mujeres que ya no están y con las colectivas que han luchado “para que el servicio público se ejerza desde la perspectiva de género”.
Van por “la cabeza” de Carlos Acosta
La espada de Damocles o la “guillotina” penden sobre la cabeza del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien tiene cuentas pendientes ante la justicia y será la oposición quien intensifique sus denuncias en contra del morenista por corrupción inmobiliaria, desvío de recursos y explotación laboral a los empleados.
La diputada federal del PAN, Wendy González Urrutia, acusó que el alcalde le ha negado audiencias para desahogar diversas gestiones, por lo que ahora buscará hacer valer el artículo 8 constitucional para lograr este propósito.
