Un complot
Freddy Sánchez martes 19, Mar 2024Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Varias lecturas se le dieron a la advertencia del presidente López Obrador en relación a un probable “golpe de Estado técnico” en las próximas elecciones.
Quiénes, cómo y para qué podrían hacer algo así. Tres preguntas obligadas. Y a partir de eso aparecieron las suposiciones.
Una de estas lógicamente referente a posibles manipulaciones de los adversarios políticos de la 4T que estarían planeando alguna forma de sabotaje para anular el triunfo electoral de Morena en torno a su candidata presidencial y sus aspirantes a cargos de elección popular.
En la temida “conjura” se pone bajo sospecha la participación de dos instituciones fundamentales para la buena marcha democrática en el país.
Por una parte, el Instituto Nacional Electoral y, por la otra, el Tribunal Federal Electoral, además de que se supone también una connivencia de ministros de la Suprema Corte encabezados por su presidenta Norma Piña.
Uno de los sustentos de la sospecha sobre “el aviso oportuno” presidencial de una aparente intención de sabotear los comicios en perjuicio de los triunfos que logre obtener en las urnas el partido gobernante se relaciona con las resoluciones judiciales y electorales que ponen límites al quehacer del presidente en los tiempos que se están viviendo. O sea, tiempos de elecciones y por lo mismo con diversas disposiciones legales que a juicio de los inconformes son dictadas con evidente afán de afectar intereses del gobierno en turno.
Una de las quejas escuchadas a Andrés Manuel fue para preguntar cómo podrá defenderse de la calumnias si se estaba coartando su libertad de expresión. Y ante ello, pronto le dijeron sus adversarios y críticos que las autoridades judiciales solamente estaban haciendo valer las leyes en vigor que prohíben al presidente hacer propaganda electoral con motivo de las elecciones. De ahí entonces que las normas legales aprobadas deban ser aplicadas con rigor como es de desear que suceda con la administración de la justicia, además de que esas restricciones para el poder ejecutivo se aprobaron como consecuencia de que en el 2006, López Obrador exigió reformas legales en materia electoral.
En ese sentido, atendiendo a sus reclamos se le puso límites al ejercicio presidencial en época electoral para emparejar el terreno en los comicios y evitar abusos a favor del partido gobernante.
Algo que a decir de ciertos críticos de AMLO, al Presidente ahora no le gusta lo que antes reclamaba, pero como dice un dicho: “a rajarse a su pueblo”. Así las cosas, lo que desde un punto de vista es perfectamente legal al ponerle un alto a diversos actos presidenciales, entre quienes no lo ven igual se trata de lo que en Palacio Nacional se está visualizando como parte de una estrategia “técnicamente golpista” para desvirtuar e incluso cancelar triunfos morenistas.
Una suposición que distintos adversarios de la 4T consideran falsa, entre otros motivos porque el gobierno de Andrés Manuel cuenta con algunos personajes relevantes en actividades electorales y de justicia aparentemente ligados a intereses de su gobierno y por lo tanto se opondrían a una maniobra turbia de carácter electoral y serían los primeros en denunciarlo.
De ahí que algunos opositores digan que en todo caso son los del Morena los que pueden estar tramando un complot.
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