Otro obstáculo a la sobrerrepresentación: partidos no registraron candidatos propios

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Lo mejor en cualquier programa o proyecto es, como sostiene el sabio pensador Perogrullo, empezar por el principio.

Esto viene al caso por las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Poder Judicial Federal.

En muchos foros y mesas de debate, que no sean organizadas por los incondicionales de la llamada Cuarta Transformación, se ha destacado que esa propuesta más que un proyecto novedoso, representa un intento de venganza: desaparecer (no con metralleta, sólo quitándoles el cargo y enviándolos a sus casas) a los jueces, magistrados y ministros que han conservado la independencia de criterio y que se han negado a aprobar demandas o exigencias del Poder Ejecutivo Federal, en concreto, del titular del mismo, el mencionado López Obrador.

Efectivamente, el actual inquilino de Palacio Nacional —vivienda que ocupará apenas dos meses más— ha evidenciado su disgusto con los juzgadores federales que han rechazado o detenido la aplicación de normas consideradas inconstitucionales, como fue el caso de una reforma eléctrica mal encauzada o de un equívoco intento de entregar a las fuerzas armadas el control de una institución que nació con el carácter de civil, como es la Guardia Nacional. Por cierto, el mando de esa institución está a cargo de militares, gracias a una concesión de las bancadas opositoras en el Congreso de la Unión, que aceptaron prolongar el mando militar durante casi un decenio.

“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado, realiza.

“Éste se opone al texto del Artículo 21 (de la Constitución) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la Seguridad Pública, quien formulará, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones”, sostiene la ponencia que sirvió de base para la votación por la cual la mayoría de ministros de la Suprema Corte puso alto a la militarización de la Guardia Nacional, decisión que concitó la ira presidencial contra los integrantes del máximo tribunal, y en particular contra el autor de la ponencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de quien el político tabasqueño esperaba total sumisión por el hecho de haberlo nominado para su alto cargo.

En su ponencia González Alcántara propone que “el Tribunal Pleno concluye, en línea con sus precedentes recientes y con los de la Corte Interamericana” de Derechos Humanos, que el Artículo 129 de la Constitución federal, leído armónicamente con los Artículos 1 y 21 del mismo ordenamiento y a la luz de las últimas reformas en materia de Guardia Nacional y seguridad pública, establece la regla general, según la cual ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

La iniciativa de reforma constitucional en materia energética fue rechazada en el Congreso debido a que las bancadas de Morena y satélites no alcanzaron la necesaria mayoría calificada, por lo que el político de Macuspana intentó darle vuelta mediante modificaciones a las leyes reglamentarias, lo cual no pudieron evitar las oposiciones al ser superadas por los incondicionales del oficialismo.

Sin embargo, el subterfugio fue impedido por la Suprema Corte, que en principio no se animó a declarar inconstitucionales las modificaciones, pero dejó vigente un amparo que impide la aplicación de los cambios.

Por lo anterior y por otras sentencias de la Suprema Corte que no le gustaron, el inquilino de Palacio Nacional decidió una reforma radical del Poder Judicial Federal, cuyo punto sobresaliente es la elección de los miembros de ese sector que forma parte de los tres poderes de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con igual categoría, cabe precisar. Ninguno es superior a los otros dos.

Pero como las dos cámaras del Congreso de la Unión están sometidas a la voluntad del Ejecutivo, todo hace indicar que en cuanto se instale la próxima Legislatura, el 1 de septiembre, sólo será cuestión de trámite que se apruebe esa iniciativa de López Obrador, que forma parte de un paquete de dos decenas de reformas con las que el Presidente que va de salida pretende consolidar su control total y dejarle esa valiosa herencia a su sucesora, a la que impulsó desde hace tres años, en un muy adelantado “destape”.

La heredera, por supuesto, está totalmente de acuerdo con los cambios y los agradece de antemano.

Los que no parecen estar de acuerdo son los expertos en Derecho, pues además de romper el tambaleante equilibrio entre los poderes federales, la elección de jueces, magistrados y ministros tiene implicaciones no previstas por López Obrador ni por sus incondicionales, como la necesidad de imprimir miles de millones de boletas y el enorme plazo necesario para dar cauce a los cientos o miles de votaciones que se requieren.

Todo depende de la sobrerrepresentación

La confianza del oficialismo de dar como regalo de despedida a su cacique la aprobación de sus iniciativas pasa por una condición insalvable: que las bancadas afines a la llamada Cuarta Transformación alcancen mayorías calificadas (dos terceras partes del total de senadores y diputados) en las dos cámaras del Congreso.

Esto último depende del Instituto Nacional Electoral (INE), al cual le corresponde asignar a los partidos políticos sobrevivientes (el PRD perdió el registro) la cantidad de legisladores de representación proporcional que les corresponde conforme al porcentaje de votación logrado en las pasadas elecciones del 2 de junio.

Luego interviene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que corresponde calificar el trabajo realizado por los consejeros electorales y ratificar o rectificar el reparto de los plurinominales.

Si no se tratara de asuntos políticos, cabría suponer que los integrantes del Tribunal cuidarían se cumpla el mandato constitucional de que ningún partido tenga más de 300 diputados y de que la sobrerrepresentación no sea superior a 8 puntos.

También es de suponer que nadie está de acuerdo con la desaparición de su fuente de trabajo, sobre todo cuando se trata de una institución indispensable para el resto de la sociedad. Ese es el caso de los magistrados del TEPJF, pues si autorizan la sobrerrepresentación, a corto o mediano plazo van a desaparecer, como parte que son del amenazado Poder Judicial Federal.

Si no se autoriza la sobrerrepresentación, el oficialismo no tendría mayorías calificadas y no habría cambios constitucionales, por lo menos hasta dentro de tres años, después de las elecciones federales intermedias en que se renovará la Cámara de Diputados.

No obstante, el oficialismo está convencido de que sus afines del INE y del TEPJF aprobarán la sobrerrepresentación superior al ocho por ciento y que eso les dejará en condición de aprobar todas las reformas que les demanda su cacique, el presidente López Obrador. Sostienen que no se les puede aplicar la cláusula de la sobrerrepresentación porque ya no son coalición, que cada partido va por su cuenta.

Contra el optimismo de los legisladores oficialistas, hay un aspecto poco explorado hasta el momento, pero recientemente fue expuesto por el ex procurador General de la República, ex ministro de la Suprema Corte y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés Ríos.

El reconocido jurista advirtió que el artículo 54 constitucional establece: “Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales”.

Pues resulta que ninguno de los partidos del oficialismo, Morena, PT y PVEM, presentó candidatos propios, todos fueron registrados como de la coalición e igual ocurrió con la alianza opositora, PAN, PRI y PRD. El único partido que registró candidatos propios fue Movimiento Ciudadano (MC).

En consecuencia, ¿todas las plurinominales serán para el único partido que cumplió el requisito?

riparcangel@hotmail.com