Confirmado: el mayor riesgo para la llamada 4T está dentro de sus propias filas
Miguel Ángel Rivera jueves 5, Dic 2024Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si alguna duda quedaba acerca del abuso del oficialismo al imponer una mayoría calificada en el Congreso –que no ganó en las urnas–, los diputados locales de Baja California pusieron en evidencia esa arbitrariedad al negarse a ratificar la desaparición de los organismos autónomos, previamente decidida en las cámaras de Diputados y Senadores, dominadas por el partido oficial, Morena, y sus rémoras del PT y PVEM.
Hacía mucho tiempo, por lo menos durante el anterior sexenio y en lo que va del presente, que un Congreso o Legislatura estatal no respaldaba una reforma constitucional previamente tramitada en el Congreso de la Unión, así que, con su negativa, los diputados locales de Baja California establecieron un doble precedente, pues además de romper con la unanimidad que trata de imponer la llamada Cuarta Transformación pusieron en evidencia la fragilidad de la alianza gubernamental que supuestamente les concedió la facultad de cambiar a discresión la Constitución General de la República.
Es evidente que la resistencia de los legisladores bajacalifornianos no fue suficiente para anular lo que ya se había decidido en la capital de la República. Como ha sucedido antes, la mayor parte de los denominados congresos estatales, se precipitaron por dar su voto aprobatorio y hacerlo con la mayor velocidad posible, para “quedar bien” ante los altos mandos de la llamada Cuarta Transformación.
Esto lo confirmó la directiva del Senado de la República, al realizar la declaratoria de constitucionalidad de la reforma denominada de simplificación administrativa, pero que en realidad consiste en desaparecer siete órganos autónomos que se encargaban de ejercer control o, al menos, supervisar, acciones del Poder Ejecutivo Federal.
Antes de concluir la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Cámara alta recibió el voto de 20 Congresos locales, de ellos, el de Baja California, con mayoría morenista, que lo hizo en contra.
Ante este suceso, cabe precisar que en la legislatura de Baja California, Morena tiene mayoría que puede resultar calificada, pero se rompió por problemas internos en la mayoría oficialista, lo cual pone en evidencia lo precario de ese falso predominio de Morena y sus satélites, la cual fue posible por el sometimiento ante el Poder Ejecutivo del Instituto (INE) y el Tribunal (TEPJF) electorales, que aprobaron una mayoría superior a la conquistada en las urnas y, cuando no fue suficiente, vinieron las presiones y las compensaciones extralegales para ganar más votos, como ocurrió en el Senado, con dos ex militantes del PRD, uno del PAN (Miguel Ángel Yunes Márquez) y otro más de MC, el campechano Francisco Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), que alegó no haber llegado a la sesión de su Cámara porque la “celosa” justicia mexicana llevó a su padre ante un tribunal, ante lo cual el legislador lo acompañó para procurar su defensa.
Como sea, la controvertida reforma constitucional fue aprobada por la mayoría de Morena y sus rémoras, ante lo cual resalta el caso de Baja California, que no tuvo mayor impacto en la capital del país, tal vez por la gran distancia entre Mexicali y la Ciudad de México. Por ello, aprovecho para repasar los aspectos sobresaliente de esa asamblea que se puede considerar, a pesar de todo, histórica.
En dicha sesión pública, Morena y sus aliados tenían teóricamente 18 votos, pero sólo obtuvieron 16 a favor del dictamen, quedando por debajo de los 17 necesarios para aprobar la reforma constitucional.
La diputada Araceli Geraldo Núñez, de Morena, no emitió su voto, mientras que Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja, del PT, rompió con la línea oficialista y votó en contra.
Hinojosa Gilvaja votó en contra del dictamen de reformas constitucionales para desaparecer siete organismos autónomos: “Por la libertad de expresión, y sobre todo la libertad y el derecho a saber, en contra”, expresó la legisladora. También votaron en contra del dictamen los panistas Juan Diego Echeverría; María Yolanda Gaona; Santa Alejandrina Corral Quintero; el priista Adrián Valle Ballesteros; la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba, y de Encuentro Social, Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza.
Mientras tanto, la diputada morenista Araceli Geraldo Núñez, sin llegar a sufragar en contra, simplemente decidió no votar, por lo que Morena sólo obtuvo 16 votos de legisladores.
En consecuencia, no fue aprobado el dictamen para extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros 6 organismos autónomos en materia de simplificación administrativa, con 16 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención en sesión nocturna del Congreso de Baja California, el pasado día 1 del presente mes.
Durante el debate, el diputado panista Juan Diego Echevarría Ibarra argumentó que desaparecer los organismos autónomos no es austeridad, es un retroceso hacia un modelo en donde el gobierno tiene vía libre para actuar sin ser cuestionado.
“La concentración del poder jamás ha sido sana, porque cuando el gobierno se convierte juez y parte se anulan los contrapesos esenciales para evitar abusos de poder, esto consolida una acumulación de facultades que podrían derivar en decisiones arbitrarias y falta de imparcialidad”, aseguró.
En defensa del proyecto, el diputado morenista Juan Manuel Molina García, con interrupciones de la oposición, sostuvo que la corrupción en regímenes anteriores representaba más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dinero que la 4T ha destina a programas sociales.
De paso, acusó a los gobiernos anterior de ocultar información, como el caso del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio –ocurrido precisamente en Baja California– pues el IFAI, ahora INAI, no se atrevió a desclasificar la documentación respectiva.
En respuesta, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Daylín García Ruvalcaba, quien estuvo en contra, aseveró que esta reforma atenta contra los derechos de los mexicanos, siendo una venganza para generar un gobierno autoritario y hegemónico.
“Esta es una más de su larga lista de reformas (que) están acabando con la república, estos organismos proporcionan derechos que le costaron a nuestros antecesores, no se equivoquen, no pueden hacer lo que les plazca con nuestro Estado de Derecho”, afirmó.
La diputada panista María Yolanda Gaona Medina también rechazó la reforma, debido a que destruir los organismos autónomos equivale a desmantelar los contrapesos, que permiten un gobierno responsable y vigilado, ya que estos órganos han sido elementos fundamentales para responder al interés público.
“El argumento presentado por Morena, de que su desaparición genera ahorros significativos, es una falacia, el presupuesto total de estos órganos, equivale al 0.5 del presupuesto de egresos de la federación”, mientras que “Morena ha destinado billones de pesos a proyectos opacos, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía”, agregó.
La diputada panista Santa Alejandrina Corral Quintero, quien estuvo en contra, añadió que gracias a los organismos de transparencia se han podido conocer actos de corrupción y malas prácticas administrativas en gobiernos de todos los partidos políticos y diferentes ideologías. “Desde el sobrecosto en la estela de luz, en la estafa maestra, hasta casos recientes como las irregularidades en Segalmex y el sobreprecio en obras como el Tren Maya, cada uno de ellos fue posible porque los ciudadanos contamos con el derecho de saber en qué se emplean nuestros recursos”, señaló.
A final de cuentas, Morena y satélites impusieron su mayoría y ganaron la votación, pero eso no fue suficiente para que la Legislatura de Baja California se pudiera sumar a los estados que incondicionalmente ratifican lo que deciden los legisladores federales del oficialismo.
En un intento por “salvar la cara”, la gobernadora “morena” de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofreció que la reforma sería aprobada en la nueva sesión programada para ayer miércoles, al iniciarse un nuevo periodo de sesiones, aunque ya no es necesario, pues la reforma ya está consolidada, como lo confirmó la declaración de la directiva del Senado.
